Una vez más,
tengo que aplazar una publicación para dejar el sitio a otra, caliente.
El título
verdadero debería ser: la opinión pública europea intoxicada por el debate
desviado sobre los plaguicidas? Queda menos llamativo, ¿verdad?
Bajo el
título “el tráfico de plaguicidas prohibidos está en plena expansión”, la web
militante medio-ambientalista francesa Reporterre alimenta una falsa polémica,
también redistribuida por otras webs y revistas ecologistas y anti-globalización.
¿De qué se
trata? De la detección periódica, de residuos no autorizados en frutas y
hortalizas. Aunque la publicación diga lo contrario, estas detecciones se
mantienen estables en torno a un 2% de las muestras analizadas.
En la web
Forum Phyto (en link también se encuentra en mi blog), podréis encontrar la
lista de explicaciones de la situación (en francés).
http://www.forumphyto.fr/2014/03/20/le-trafic-des-pesticides-interdits-est-en-plein-boom-reporterre/
No voy a
perder mucho tiempo en esta cuestión, sinceramente no me parece muy relevante.
Solo quiero decir lo siguiente: una vez más, el consumidor es rehén de
intereses ideológicos que nadie le explica, o a través de publicaciones
incompletas, en las que solo se le cuenta una parte de la verdad, solo la que
le puede asustar. Y el miedo es un medio de acción y de movilización muy
poderoso. Permite una completa manipulación de la opinión pública, solo dejando
aparecer la faceta más negra de las cosas.
Lo que quiero
explicar hoy, es el problema de las disfunciones europeas, que nos llevan a
veces a situaciones imposibles. Quiero añadir que soy pro-europeo, incluso
federalista, para no dejar ambigüedad. No me impide tener una visión crítica.
Volvamos al
tema que nos interesa, los plaguicidas.
Existe un
reglamento europeo, el 1107/2009, que afirma el principio de armonización de la
reglamentación fitosanitaria europea. Pero los estados miembros quedan libres
del método de aplicación en sus reglamentaciones nacionales, siempre en el
marco de dicho reglamento.
¿Cuáles son
las consecuencias? Son numerosas y perversas.
-
Cada
estado miembro queda libre de autorizar las moléculas en los cultivos que
quiere en el plazo que elige, con dosis y plazos de utilización que considera
oportunos.
-
El
fabricante, que paga los gastos de registro, en cada país, elige los cultivos
más representados en el país, para pedir su homologación, dejando de lado los
cultivos segundarios.
-
Los
agricultores pueden, después, pedir el registro de estas moléculas en los
cultivos segundarios. Son cultivos que fabricante y administración no han
incluido inicialmente en el registro. Pero este punto es muy complejo, y cada
país tiene exigencias específicas.
-
El
principio de reciprocidad permite, en teoría, simplificar los procesos de
registro. Por ejemplo, Alemania autoriza una nueva molécula sobre el manzano.
Portugal puede pedir a Alemania toda la información ya existente, para agilizar
el proceso de registro de la misma sustancia, sobre el mismo cultivo, en su
territorio. Pero funciona muy mal, y los ministerios nacionales no aprecian
esta potencial reducción de su carga de trabajo.
-
Todo
producto fitosanitario no autorizado en un cultivo determinado, queda prohibido
en este cultivo. Una no-autorización es una prohibición. Es verdad para
cualquier producto, incluso si son autorizados en cultivos cercanos. Por
ejemplo, un producto autorizado en manzano, no lo es siempre en peral. Del mismo modo, un producto puede ser autorizado
en naranjo, pero ni en limonero, ni en mandarino.
Es así como
un productor de fresa en Francia, no dispone de los mismos productos
autorizados que un productor de fresa en España, o que un producto, autorizado
en albaricoquero en Francia, se va autorizar en tomate en Italia, pero no en
Holanda. El resultado es una reglamentación caótica, cuando todo debería haber
sido simplificado. Pero el agricultor sigue produciendo y tiene que resolver
los problemas que presentan sus cultivos.
Las
producciones más básicas, como el trigo, la patata, la viña, la manzana o el
maíz no tienen problema. Son cultivos presentes en grandes superficies en todos
los países europeos. Del mismo modo, cítricos u olivar no tienen problema en
España.
Al contrario,
los cítricos en Francia, o la chirivía, el azafrán, el arándano, la quínoa, la
stevia, el trigo sarraceno y todas las frutas, verduras y cereales antiguos,
tan de moda desde unos años son clasificados “usos segundarios” y no disponen
de casi ninguna autorización.
Una amplia
mayoría de los casos detectados de residuos no autorizados proceden de este
problema. No son sustancias no autorizadas en Europa, pero son usos no
autorizados en el cultivo, en el país europeo de producción, de sustancias
autorizadas en Europa.
Como lo
podéis entender, no tiene nada que ver, ya que cada producto autorizado en
Europa ha tenido que pasar por el proceso de controles y de ensayos sobre la
salud y el medio ambiente, que es el más severo del mundo. El problema legal no
tiene nada que ver con esto, y nadie intenta a envenenar el consumidor. Al
contrario, mucha gente intenta envenenar el debate político-social,
especialmente ahora, a pocas semanas de las elecciones europeas. Y funciona muy
bien, con temas que asustan.
La Comunidad Europea
debería hacerse las preguntas oportunas sobre el funcionamiento de sus
administraciones, y debería moverse para que los ciudadanos reciban la
información adecuada. Por otra parte, debería actuar rápidamente para que los
reglamentos, pensados para simplificarles la vida a los europeos, no se la complicaran
por problemas de lentitud y complejidad de las administraciones nacionales.
Evitaría
probablemente que el debate sea contaminado o envenenado por este tipo de tontería.
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